Denuncian situación “insostenible” en centros de detención para migrantes en México

by Sididh_master

*Las personas detenidas no son tratadas con respeto a los principios más elementales de la dignidad humana, señalan organizaciones de derechos humanos.





AFP


Ciudad de México, 29 de junio del 2016. Organizaciones defensoras de migrantes denunciaron la “situación insostenible que el Estado mexicano y su Instituto Nacional de Migración (INM) están generando en los centros de detención para migrantes”, y llamaron a tomar acciones de protección a las personas ahí privadas de su libertad.




Las organizaciones de derechos humanos que monitorean la situación de las estaciones migratorias en México han denunciado por años episodios de violencia física y psicológica hacia las personas migrantes y solicitantes de la condición de refugiado privadas de su libertad a manos de agentes migratorios o de otros cuerpos de seguridad, lo que consideran que puede constituir tortura.


“Las personas detenidas en los centros de detención del INM no son tratadas ni con un respeto a los estándares mínimos de trato a personas privadas de libertad, ni a los principios más elementales de la dignidad humana. Las mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes quedan a la espera de resolver su trámite migratorio, que casi siempre termina en deportación, hacinados en celdas y áreas de detención insalubres e inseguras, sin acceso a una atención médica adecuada, con falta de informaciónsobre su situación y sin garantías jurídicas de debido proceso”, detallaron organizaciones como la Campaña Global Alto a la Detención de Niñ@s Migrantes, Casa del Migrante de Saltillo, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y el Servicio Jesuita a Migrantes.


En un comunicado hecho público en ocasión del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, las organizaciones resaltaron que quienes ven prolongarse indefinidamente su plazo de privación de libertad experimentan un agravamiento diario de su situación, que en muchas ocasiones impacta en un grave deterioro de su salud mental y física.


“A las tres muertes ocurridas en la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula desde diciembre de 2015 a mayo de 2016, dos hombres salvadoreños por suicidio y un hombre somalí debido a una atención médica negligente, hay que añadir otro lamentable caso de suicidio de un joven hondureño en la Estancia Provisional del INM en Comitán de Domínguez, también en Chiapas. Este tercer suicidio podría ir sucedido de muchos más, puesto que es frecuente, entre las personas que sufren detención por razones migratorias, la presencia de ideas suicidas e intentos de terminar con la vida”, relataron.


Las organizaciones firmantes señalaron que no existe otro camino para revertir esta situación que el cierre de los centros de detención para migrantes, en el marco de la reconducción de unas políticas migratorias basadas en un enfoque de derechos humanos. Mientras tanto, exigieron que el uso de la detención por razones migratorias sea una medida excepcional y de último recurso; que el INM facilite el acceso de órganos externos e independientes de monitoreo en los centros de detención; que se provea a las personas privadas de libertad servicios adecuados de atención especializada en salud mental, con el objeto de tratar y prevenir las afectaciones psicológicas derivadas de las condiciones de detención; que los centros de detención cuenten con protocolos de prevención y actuación ante intentos de suicidio, “así como hacer efectiva la prohibición absoluta de tortura o los tratos o penas crueles inhumanos o degradantes” y que se evite la prolongación (en especial la prolongación indefinida) de los plazos de privación de libertad contemplados por ley.


También se considera que el INM debe evaluar e implementar en primera instancia medidas de liberación y alternativas a la detención antes de determinar una medida privativa de libertad personal en todos los casos, y en especial para personas como solicitantes de la condición de refugiado, que requieren medidas de protección internacional; niñas, niños y adolescentes, que han de ser tutelados y protegidos por sistemas de protección a la infancia,; personas pertenecientes al colectivo LGBTTTI, que sufren una particular discriminación, estigmatización y maltrato en el interior de los centros de privación de libertad; mujeres embarazadas o con niñas o niños a su cargo; personas que sufren de afecciones en salud mental o fragilidad psíquica, así como personas con discapacidades físicas, enfermedades o lesiones físicas graves, crónicas o infecciosas y personas que han sido víctimas de un delito grave.


Las organizaciones consideraron que el INM ha de sustituir por completo a todos los cuerpos de seguridad presentes en el interior de los centros por personal civil cualificado y mantenerlos fuera del perímetro del área de privación de libertad, además de investigar los presuntos episodios de violencia física o psicológica, o de negligencia por parte de agentes del INM u otros cuerpos de seguridad en el interior de los centros de detención.