sábado, 10 de septiembre de 2011

Comunicado Público : represion policial en Rofue

Enlace

30 de agosto de 2011
Ante los hechos sucedidos los días 24, 25 y 26 de Agosto del 2011, las comunidades Rofue y Trapilwe-Mawizache del territorio ancestral Makewe, declaran lo siguiente :




1) Hemos sufrido hostigamiento, allanamientos, intoxicaciones masivas con gas lagrimogeno e intimidación con armamento de guerra por parte de las fuerzas policiales del Estado de Chile. Lo que viene siendo una actitud propia y recurrente hacia las comunidades Mapuche. Por lo que declaramos el mayor repudio ante los echos ocurridos asumiendo una posición de resistencia, ya que ahora con mas fuerzas seguiremos ejerciendo nuestro derecho a la tierra y su defensa ante cualquier ataque winka.

2) Denunciamos que Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile hace uso de un exclusivo tipo de armamento y municiones de guerra en nuestro territorio, armamento que habitualmente no se utiliza en manifestaciones publicas. Sin embargo, esto no será obstáculo para la lucha por nuestro territorio ancestral.

3) Desmentimos los dichos de las autoridades del estado Chileno quienes niegan nuestros reiterados intentos de dialogo con su gobierno. Así, una vez más llamamos al dialogo verdadero entre nuestras comunidades y el gobierno para terminar con el clima de violencia y represión impuesto a nuestros niños, jóvenes y ancianos que crecimos e internalizamos durante nuestra vida el concepto de un Estado represor y mezquino con los derechos que desde hace mas de 500 años nos corresponden legítimamente como pueblo. Nuestra lucha no parara hasta la recuperación total del territorio usurpado, aun cuando el amedrentamiento sea constante y mas violento cada día. Marrichiwew¡ Territorio Makewe Rofue, Trapilwe-Mawizache

Argentina Formosa, Localidad de Ingeniero Juárez: Violan a una Menor Wichí frente a la Comisaría...


5 de septiembre de 2011
Ingeniero Juárez - Formosa - Argentina

En el día en que las noticias apuntan a la celebración del Día de la Mujer Indígena, la Comunidad Wichí Barrio Obrero que continúa desde el miércoles ocupando el Centro de Integración Comunitario de su asociación civil, en reclamo de que las autoridades con mandato vencido hace cuatro años les devuelvan la gestión de su comunidad, de cuyos recursos se sirven ONG's, políticos y criollos en complicidad con el INAI. Informa que en la noche del domingo una menor de su Comunidad que no habla idioma castellano, fue violada por siete hombres criollos, en el predio de la Escuela Especial que se encuentra frente a la Comisaría de la ciudad.
En el día de hoy la menor acompañada por una interprete adulta de su Comunidad asistió a radicar la denuncia.

Contacto con la Comunidad: Agustín (0054) -0- 3717 15361943 (empresa telefónica Personal, se ruega a quienes deseen comunicarse desde larga distancia que le carguen crédito, para no dejarlos incomunicados).

Y a quienes requieran información que sean responsables, hay varios medios que se acercaron o comunicaron con los Wichí de Barrio Obrero de Ingeniero Juarez Formosa, por su ocupación del CIC, y su reclamos por su personería y denuncia a autoridades con mandato vencido, intendente, ong's e INAI, hasta tomaron imagenes los que fueron al lugar, y todo, levantaron la info pero no publican. entre otros fueron de Canal 13, diario La Nación, diario El Comercial de Formosa, y Plaza de Mayo .com - Que hacen con la info si no publican ni difunden? Incluso hay gente de estos medios que niega que los hechos ocurran, sin embargo gente de esos medios estuvo presente en el lugar y tomó imágenes...

Respecto de personas de las ONG denunciadas que intentan desmentir los miembros de la comunidad expresan:

"ellos tienen recursos y medios para negar, pero nosotros los indios vemos y sabemos todo pero no tenemos como denunciar"

Con solo buscar un poco por internet se puede ver todo los que hacen estas organizaciones en gestión de territorios que no les pertenecen, e incolsultamente con a quienes si. Tambien como reciben subsidios para proyectos, y planeamientos de lo que no son quien para proyectar nada incolsultamente con los miembros de las comundiades, entre otras cosas, que serán muy naturalizadas en sus manejos pero no significa que correspondan.

Rita Venturino

Información anterior respecto del tema:

ONGs, GOBIERNO NACIONAL, INAI, GOBIERNO DE FORMOSA, INTENDENTE DE INGENIERO JUAREZ, AUTORIDADES DE SU ASOCIACIÓN CIVIL CON MANDATO VENCIDO
HASTA RECIBEN COMIDA EN SU NOMBRE Y LA DEJAN VENCER ANTES QUE DÁRSELA
ALQUILAN SUS TIERRAS EN SU NOMBRE
RECIBEN EN SU NOMBRE SUBSIDIOS PARA PROYECTOS, ETC.
MIENTRAS LAS 3000 PERSONAS DE LA COMUNIDAD NO TIENEN NI AGUA

ESCUCHEMOS POR FAVOR!

Y DIFUNDAMOS, HAY MEDIOS QUE SE DICEN ALTERNATIVOS QUE SE NIEGAN A HACERLO...

Y ESTA COMUNIDAD NO TIENE NI AGUA, MENOS INTERNET

ESTE RECLAMO DEBE SER OIDO Y DE CADA UNO DE LOS QUE TENGAMOS INTERNET Y MEDIOS PARA COMUNICARNOS QUE SE REPRODUZCA LA DENUNCIA Y EL LLAMADO A LA SOLIDARIDAD!

DE LA DIFUSIÓN SOLIDARIA DEPENDERÁ QUE SE CONOZCA, Y LLEGUEN LAS DENUNCIAS A QUIENES DEBAN LLEGAR PARA QUE ESTAS SITUACIONES SE TERMINEN.

Comunidad Wichi Barrio Obrero de Ingeniero Juarez Formosa, reclama a quienes usurpan su asociación civil para hacer negocios para ajenos, que se hagan presentes en el centro de integración comunitario, en el que permanecen desde el miércoles, y hasta tal punto son ajenos a lo que hacen otros a costilla de ellos, que les mandaron a la policía para sacarlos! y desde las ongs los amenazan con denunciarlos por hacer público lo que pasa, profesionales que trabajan para ellos, difunden que es mentira lo que dicen los wichi, mientras Agustín cuenta que hasta tratan de comprarles su arte a precios tan usurarios, que les conviene venderlos por su cuenta.
Que se hagan presentes quienes retienen los papeles de su comunidad para elegir autoridades legitimas y legales de una buena vez, ya demasiado hicieron negocio a costa de la miseria de la comunidad hasta ahora.

AUDIO DE ENTREVISTA A UN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD, AGUSTIN SANTILLAN, DE PROGRAMA LA DEUDA ETERNA DE FM FLORES:
link: http://www.4shared.com/embed/765347533/7effc7bc

Cristina Amado, esposa de Hilario Martinez, autoridad de la Comunidad Wichi Barrio Obrero, con mandato vencido hace años y que no permite que la comunidad elija a sus autoridades, y saca beneficios de eso para politicos y ongs, recibe fondos de INAI en becas beneficiando a amigos y excluyendo a la comunidad. En esto estan metidos Gobierno nacionaL, provincial y municipal de Ingeniero Juarez Formosa, esto cuesta vidas de una comunidad que tiene 6000 hectareas que estan explotadas y ocupadas por ajenos, los 3000 miembros de la comunidad no tienen ni agua, padecen desnutricion, tuberculosis, chagas, persecusiones y amenazas por reclamar.
Si las autoridades hacen esto, y a nosotros nos parece un horror, porque no ayudamos a difundirlo, nadie mas lo va a hacer si no lo hacemos nosotros.
Si tenemos internet no nos cuesta nada dedicar 15 minutos a llamar a radios, canales diarios, enviar a organismos, medios, y hacer que se sepa, y exigir que esta comunidad deje de ser parasitada de tal modo y pueda gestionar sus recursos, y que los criminales que viven a costilla de esto paguen y dejen de usufructuar lo que no les corresponde.

URGENTE DIFUNDIR, FORMOSA, INGENIERO JUAREZ:
31-08-2011-
Comenzó toma por parte de la comunidad Wichi Barrio Obrero, del Centro de Integración Comunitario, que les pertenece, pero es atendido por criollos y no se les deja acceder, donde se llevan a cabo los proyectos que financia el gobierno nacional y provincial en su nombre (a expensas de la comunidad pero sin beneficio de ellos, sino del intendente, las autoridades con mandato vencido, con complicidad del INAI, y las ONG EPRASOL, APCD, CPI y Fundación Gran Chaco).
Reclaman los papeles de su Asociación Civil a las autoridades con mandato vencido, para poder elegir y nombrar autoridades legitimas, que no actúen en su contra. Dichas autoridades tienen el apoyo del Intendente Cristino Mendoza, que permanente los amenaza, los persigue, y los conmina a que no accedan ni al agua, por lo cual la comunidad debe beber de un dique donde los vecinos de la ciudad tiran sus residuos, y esta contaminado, entre otras cosas.
Se hizo presente la policia y los querían sacar, pero la comunidad sigue en el lugar y seguirá hasta que se haga presente la autoridad con mandato vencido y puedan elegir a autoridades legales y legitimas, y dejen de usurparles su asociación civil.

Así parasitan a los indigenas los Políticos y las ONG

La Comunidad Wichí Barrio Obrero de Ingeniero Juárez Formosa quiere designar a sus autoridades y administrar sus recursos que actualmente están en manos de personas que no corresponde y los malversan al punto de tener un aseradero y talarles el monte

La más de las veces, cuando los medios informan que los indígenas están muy bien, que tienen miles de hectáreas, son beneficiarios de planes, proyectos productivos, participan de emprendimientos y reciben viviendas y todo tipo de beneficios del Estado y de Organizaciones no Gubernamentales, de lo que se trata en realidad, es de una publicidad no tradicional, política y social, de un plan sistemático de exterminio indígena que buscan encubrir y hacer pasar por otra cosa. Basta apagar la radio, la televisión, cerrar los diarios, y salir a ver la realidad.
Las viviendas, que una vez que los miembros de las comunidades se retiraron de los territorios, a fuerza de persecución, hostigamiento, muerte, y todo tipo de argucias, deben pelearlas, no se las dan así no más, como los DNI, ni nada. La mayoría de las veces no se las dan tampoco, alcanza con que se corran de sus tierras y abandonen su medio de vida, espiritualidad y cultura.
En el caso de las organizaciones que se vanaglorian de la construcción de viviendas, son en realidad agentes del estado para el destierro y la pérdida de identidad que en el mejor de los casos puede reducirse a la folklorización, si lo permiten los políticos, las iglesias y sus organizaciones; puesto que se pierde el medio, pero el parasitismo iniciado con la invasión española y la presión cultural del cristianismo y la demonización de las costumbres ancestrales no cesa.
Una vez obtenida la vivienda para mantenerla, y procurarse los medios para la vida, que ya no pueden procurarse en el monte, las familias pueden ser mano de obra barata en las explotaciones que usurpan sus tierras. Un negocio redondo para los psicópatas ambiciosos de más poder y dinero, y desastroso para la humanidad y el medio.
Esa explotación, si se trata de tierras todavía en propiedad de las Comunidades, se lleva a cabo en connivencia con Autoridades, que el Gobierno, y todo lo que le sea funcional, impone que se llamen Caciques, de asociaciones civiles tipo club de futbol; que se vendieron al poder político, que son las únicas permitidas en condiciones de gestionar algo respecto del poder político, pero solo para ellos y sus familias. Las autoridades de Comunidades que son fieles a su cultura son perseguidos y negados, hasta los mandan a matar, como ya supimos con el caso del Qarashe Qom Felix Díaz, en Potae Napocná Navogoh (que antes de dejar que nos enseñen y aprendamos, llamábamos Comunidad Toba Colonia La Primavera).
Las familias que permanecen en los territorios son perseguidas, su medio destruido, usurpado, no de forma casual, sino de modo sistemático para expulsarlos. Si dejan de estar ahí, de vivir así las tierras pasarán a manos de políticos, ONG's, poderosos, ricos, enriquecidos, funcionarios, etc. Desde el punto de vista de la gestión de sus recursos y/o la propiedad, según el caso.
Esto sucede con las tierras de la Comunidad Wichí Barrio Obrero de Ingeniero Juárez. De 3 mil personas que la componen, en su territorio, de 6 mil hectáreas, quedan solo 12 familias, que son perseguidas y hostigadas, por criollos usurpadores, con el visto bueno de las autoridades legales, que no lo son, tienen mandato vencido, el intendente y asociaciones. El intendente de la ciudad Cristino Mendoza, las asociaciones EPRASOL, APCD, CPI y Fundación Gran Chaco y la autoridad de la Asociación Civil de mandato vencido, Hilario Martínez y su esposa, Cristina Amado.
Estas supuestas autoridades son amparadas por el poder político, consideradas tales a pesar de no serlo, por el Gobierno nacional a través del INAI, pero no le hace todos los problemas que le hicieron a Félix Díaz que es autoridad legal y legítima y con mandato vigente, para darles cuanto beneficio le venga bien al político y organización acomodada de turno. Porque este matrimonio solo saca beneficio para sí, y asiste al poder político en el plan sistemático de exterminio indígena que lleva a cabo, que premia al Intendente, a las ONG y a los criollos que se benefician de los proyectos productivos para la Comunidad Wichí, un aserradero, renta para ganadería, desmonte, panadería, carpintería, etc. Muy vendible mediáticamente como proyectos del estado para favorecer a las comunidades indígenas. Del Gobierno, Nacional , de Cristina Kirchner, ella hace esto, no es víctima, no es oposición decirlo, es oposición de ella a la vida, sus víctimas lo son, y de su aliado Insfrán, y de todo lo y los que representan, que no necesitan hacer esto para vivir, ni para cumplir con sus cargos, oposición a todo cuanto la hace posible, decirlo o no, no cambia la realidad, pero difundir que las cosas son otras que las que son, y hacer silencio de como son es complicidad y connivencia.
Muy poco soportable es para los 3 mil miembros de la Comunidad, ancianos, sabios, ancianas, niños, seres vivos, niñas, filósofos, jóvenes, madres, animales, mujeres estrella, tuberculosos, desnutridos, agua, indigentes, indocumentados, espíritus antiguos, peones rurales, aire, artesanos, harapientos, muertos en el olvido, tierra, envueltos en frazadas, artistas, esclavos, cantores, energía, en pozos improvisados, excluidos, espíritu, sedientos. Como menos soportable han sido 500 años de resistencia, y antes, de lucha por la supervivencia, para aprender, todo lo que hasta ahora vienen aplicando y ha hecho posible que aún estén, lo cual no implica menos decir, que estemos. Pertenecemos a una misma especie, de la cual algunos miembros están empecinados en destruir con el medio, vía negarnos la identidad, la sabiduría adquirida para la supervivencia y la vida acorde a la cultura, producto de ella. Y muchos, por lo visto, compran, o cobran en muchos casos y revenden. Aunque sean mayoría no tienen derecho.
Los miembros de la Comunidad Wichí del Barrio Obrero de Ingeniero Juárez reclaman, no se dejan vencer por tanta injusticia, ni ceden, ni tratan de acomodarse a lo dado, desmembrarse, seguir huyendo y tratar de salvarse los que puedan, eso fue en otro tiempo, los luchadores de hoy son el fruto de antiguas sabias decisiones, el Intendente los conmina a tomar agua podrida, a soportar sus burlas y amenazas, porque es amparado por el Gobernador, por la Presidenta, por las antiguas organizaciones que luchaban por los Derechos Humanos, pero no habían avisado que era los derechos humanos de quienes a sus integrantes se les canta considerar así.
Hace años que la autoridad legal de la Asociación Civil de la comunidad Wichí del Barrio Obrero, Hilario Segovia, lo que nos imponen llamar Cacique, y los originarios nos enseñan que no es así, falleció. Silvia Tarantini del organismo a cargo en Formosa de tramitar el registro de nuevas autoridades se niega a hacerlo. Y las autoridades que habían quedado a cargo y tienen mandato vencido, Cristina Amado e Hilario Martínez, amparados por INAI, dependiente de Alicia Kirchner, y de la Presidenta de la nación, gestionan en nombre de 3 mil personas, lo que no les corresponde: proyectos productivos, financiación, todo para que organizaciones como EPRASOL, APCD, CPI y Fundación Gran Chaco, el intendente Cristino Mendoza, criollos que usurpan sus territorios lucren a su costilla, y las familias Wichí que quedan en territorio, y los que han ido parar al borde del pueblo se olviden de lo que les corresponde a fuerza de lo que sea, que no es, y no será. Ni en Ingeniero Juárez ni en ninguna otra Comunidad, donde la especie de la que somos parte en una tierra a la que pertenecemos, tenga futuro.
Las personas nombradas y las asociaciones, aprovechan la Asociación Civil y su propiedad de 6 mil hectáreas, los derechos de la Comunidad Wichí Barrio Obrero de Ingeniero Juárez, Formosa, para sacar beneficio propio y en detrimento de los miembros de la comunidad, que no acceden ni al agua. Todo con el buen visto de autoridades nacionales y provinciales, no porque no lo sepan, sino porque son parte del negocio, y de la planificación sistemática del Estado, que lleva a cabo el Gobierno hoy, contra leyes, derechos y tratado internacionales, y contra todo buen sentido. Cuando no le conviene a esta forma de delinquir de los poderosos contra las personas y contra las comunidades indígenas, lo mismo que para este caso hacen la vista gorda, es excusa para impedir no beneficios, sino acceso a derechos básicos. Los miembros de las Comunidades Indígenas que no se impliquen contra las demás personas de sus comunidades, no son considerados humanos a la hora de respetarlos, pero si sujeto de deberes a la hora de inventarles causas judiciales para perseguirlos. Es decir que todos los poderes del estado y organizaciones de la sociedad civil están implicados de algún modo, y acompañan, porque estas cuestiones son sabidas, no pueden pasar pero siguen sucediendo en Argentina.
Los miembros de la Comunidad Wichí están reclamando poder elegir a sus autoridades y que esta situación cese, con todo derecho, y deber por parte del Gobierno, pero se lo niegan. No hay procesados hasta el momento ni en el gobierno nacional, provincial, municipal y en las organizaciones implicadas por estos delitos, y los daños que en estas personas causan, como a todos. Sí están procesados varios miembros de la comunidad por reclamar, y son llamados constantemente a declarar, se los hace objeto de embargos y limitaciones en su libertad de circulación por el territorio nacional.

Rita Venturino
fuente: http://www.kaosenlared.net/noticia/argentina-asi-parasitan-indigenas-politicos-ong

URGENTE temen represión en Ingeniero Juarez Ahora (Domingo a la madrugada)
Domingo 4 de septiembre 2 hs de la madrugada
Ingeniero Juárez, Formosa, Argentina

Durante todo el sábado estuvieron llegando efectivos policiales a la ciudad, la capacidad hotelera quedó colmada y temen desde el barrio de las 50 viviendas que está tomado desde entonces que suceda como en 2008 cuando la Parroquia Nuestra Señora de la Merced alojó a los efectivos que a primera hora de la mañana fueron a cercar el barrio para reprimir.

Hay un barrio "13 de Agosto" que fue tomado recientemente, donde hace dos semanas estuvieron a punto reprimirlos, y luego se llevaron preso al abogado de las familias, Daniel Cabrera. Ademas de ese tambien hay toma de viviendas en el barrio San Cayetano, y la Comunidad Wichí Barrio Obrero está ocupando su Centro de Integración Comunitario.

Son varios lugares a donde los efectivos ahora apostados, armados, con perros y caballeria, en Gendarmería se podrían dirigir. Y donde las familias afectadas son amenazadas por el poder politico a callar y retirarse a seguir muriendo y padeciendo violaciones d ederechos en silencio e invisibilidad.

Es preciso reenviar, comunicarnos con organismos de derechos, medios de difusión y comunicarnos con Gendarmeria y Comisaría de la zona para que se expliquen acerca de la situación represiva.

No hay ordenes judiciales, pero el accionar represivo en Formosa no necesita demasiados trámites jurídicos para realizar los peores castigos e incluso muertes para quienes se atreven a ejercer el derecho a las protestas y denuncias públicas.

Hasta cuando? Esto no puede suceder más. Basta Ya de injusticia e impunidad!

Hay que hacerles saber que están siendo observados.

Teléfono de Gendarmería de Ingeniero Juarez: (0054) (0) 3711 - 420007

Teléfono de Comisaria de Policia: (0054) (0) 3711 - 420101

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sábado, 3 de septiembre de 2011

Intenso ataque con helicópteros a comunidades Mapuche


mapuche

Meli Wixan Mapu, 1 de septiembre de 2011

Comunidades de la Alianza Territorial Mapuche, pertenecientes a distintos puntos del territorio ancestral mapuche, informamos a la opinión pública nacional e internacional del recrudecimiento del actuar paramilitar de la policía chilena, especialmente al interior de los lofche Temucuicui, Rufuwe, Trapilwe y Mawidache en las comunas de Ercilla, Padre las Casa y Freire respectivamente:
Durante todo este jueves 01 de septiembre de 2011, la policía militarizada chilena ha atacado con gases lacrimógenos, balines y balas desde un helicóptero policial a los comuneros mapuche de la comunidad Ignacio Queipul del lof de Temucuicui. Esto, como la respuesta represiva al legítimo proceso de reivindicación territorial realizado por la comunidad histórica del sector.

El Helicóptero policial ha sobrevolado cada uno de los rincones de la comunidad, fotografiando las viviendas mapuches y en momentos intermitentes bajando a ras de los techos y corrales de los comuneros, en un claro acto de amedrentamiento y terror hacia las mujeres y los niños que allí se encuentran. Cabe precisar que en este instante, el helicóptero policial han aterrizado al interior del ex Fundo Alaska (de propiedad de la comunidad), por lo cual toda la comunidad se encuentra reunida a la espera de las acciones que realizarán, pero todo indica que atacará nuevamente a nuestra gente.

Al mismo tiempo, debemos denunciar la intensificación de la arremetida represiva armada de las fuerzas paramilitares del gobierno a distintas comunidades de nuestro territorio ancestral, afectando especialmente a la zona de Makewe en las cercanías de Temuco, Padre las Casas y Freire, donde las comunidades de la Alianza Territorio Mapuche de Rufuhue, Trapilhue y Mashuizache estamos siendo víctimas de persecuciones allanamiento nocturnos y detenciones ilegales. Ante lo cual, esta semana, las comunidades hemos presentado una acción judicial ante los tribunales de justicia en Temuco, lideradas por el werken Javier Meliman.

Finalmente, y frente a los constantes ofrecimientos de diálogo del representante del gobierno en la región encabezada por el Intendente Andrés Molina, lo emplazamos a que dialoguemos no teniendo por delante las bombas lacrimógenas, las balas los helicópteros ni la soberbia represiva de sus fuerzas paramilitares. Sino más bien teniendo presente que él está en nuestra tierra y que su famoso slogan de “emprendimiento” regional, lo generan desde nuestras riquezas. La pregunta es simple ¿cuándo y cómo el estado que representa nos devuelve las tierras?.

Convocamos a los actores políticos a seguir de cerca lo que pueda ocurrir y a los medios a informar según la ética y la moral que se presenta en esta lucha desigual entre paramillitares armados que protegen a los colonos y nosotros que nos defendemos con piedras.

Pu logko Pu Werken

ALIANZA TERRITORIAL MAPUCHE

La autodefensa de las comunidades indígenas sin el “permiso” del gobierno

por Gloria Muñoz Ramírez

Cherán y Ostula, Michoacán; y San Luis Acatlán, Guerrero.

Comunidades indígenas organizan en distintas regiones de México la seguridad de sus territorios, al margen de los gobiernos y de todas las instituciones, reivindicando el derecho a la autodefensa de sus pueblos. No se trata de grupos armados o guerrilleros, sino del restablecimiento de sus órganos tradicionales de vigilancia que el derecho internacional les confiere.

El alto grado de violencia, el despojo, la ineficiencia de los órganos de seguridad institucionales, su complicidad en muchos casos con el crimen organizado, la falta de credibilidad en los partidos políticos, la corrupción y el hartazgo, son algunos de los aspectos que los hicieron tomar en sus manos la seguridad y organizar su autodefensa, coinciden representantes de los pueblos indígenas de Ostula y Cherán, en Michoacán; y las comunidades de la Costa y la Montaña de Guerrero.

En Ostula reivindican su derecho a salvaguardar la seguridad de sus tierras recuperadas; Cherán recupera sus rondines tradicionales para defenderse de los talamontes y cuidar la seguridad interna; mientras que 65 comunidades de Guerrero tienen, además de los cuerpos de vigilancia, un sistema de impartición de justicia y, en este momento, tienen como prioridad la defensa del territorio de los proyectos mineros en la región.

Con diferentes historias y dinámicas actuales específicas, la constante es que en estos lugares son los pueblos los encargados de mantener el orden interno, de acuerdo a sus sistemas normativos tradicionales.

Ninguna de estas experiencias, coinciden los representantes entrevistados, corresponde a grupos armados contra el gobierno, pero sí son reflejo de la falta de justicia y de seguridad en sus zonas. En una palabra, señalan, “existen porque el gobierno no hace su trabajo”.

No es casual que los tres casos se lleven a cabo en comunidades indígenas. “Son los pueblos indios de México los que están ofreciendo una alternativa para el país”, señalan comuneros de Cherán entrevistados en la Casa Comunal, en el mismo inmueble que anteriormente albergó a la presidencia municipal, hoy recuperada por los pobladores.

Los nahuas de Ostula, los purhépechas de Cherán y los tlapanecos, mixtecos, nahuas y mestizos de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, organizan su defensa no sólo de la delincuencia, sino también “de los que pretenden arrebatarles el territorio, que en muchos casos son más peligrosos que los delincuentes, como los grandes inversionistas”, advierte Claudio Guzmán, uno de los nueve coordinadores de la Policía Comunitaria de Guerrero.

La amenaza al territorio en Ostula, explica el jefe de Tenencia, es la construcción de la súper carretera Coahuayana-Lázaro Cárdenas y el Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la Costa de Michoacán. Un puerto, hoteles y demás planes inmobiliarios están contemplados para esta región; mientras que en Cherán es la riqueza de sus bosques la que está en juego y son los talamontes los que se han beneficiado. En la Montaña de Guerrero, por su parte, la amenaza actual al territorio viene de los proyectos mineros de origen inglés y canadiense.

Las recientes amenazas, los levantones y homicidios de los que han sido víctimas los comuneros de Ostula y Cherán los obligan a permanecer en el anonimato. Acceden a las entrevistas y acompañan el recorrido por sus comunidades, pero piden no dar sus nombres. Los de la Policía Comunitaria de Guerrero sí se identifican. Son 16 años de historia los que los preceden y su situación actual es distinta.

Ostula: “De aquí nadie nos saca”

El 29 de junio del 2009 los nahuas de Ostula recuperaron más de mil hectáreas de tierras, montes y playas “que durante más de 40 años estuvieron en manos de pequeños propietarios de La Placita”. Desde ese momento esas tierras llevan el nombre de Xayakalan.

“Pudimos recuperar nuestras tierras”, señala el Trompas, uno de los responsables de la seguridad, “gracias a que todos le entramos a reorganizar nuestra policía tradicional. Ahora de aquí no nos vamos, para eso tenemos nuestra policía”.

El paraje de Xayakalan luce destruido. Una playa tapizada de palmeras y cocos en el piso, los techos de las palapas hechos pedazos, enormes troncos encima de lo que hasta hace poco fueron casitas, cientos de árboles de tamarindo arrancados desde la raíz, casas de adobe sin techo y con enormes boquetes en las paredes, un jardín de niños del que, literalmente, sólo queda un palo, dan cuenta del paso del huracán Beatriz, que en junio pasado azotó a esta comunidad de la costa michoacana.

A poco más de dos años de haber recuperado estas tierras, el Trompas asegura: “Todos aquí seguimos puestos. Si el huracán no nos sacó, menos el gobierno”.

La policía comunitaria de Ostula está conformada por cerca de 500 integrantes y su función, explica el Trompas y otro grupo de comuneros, “es resguardar el perímetro de las tierras en conflicto”. No están, insisten, “para enfrentar a la delincuencia organizada ni para desarmar a nadie ni intervenir en otras cosas, sino sólo para cuidar el territorio que nos pertenece”.

Ninguno de los policías comunitarios recibe sueldo ni ninguna retribución. No tienen uniforme ni distintivos. Es nombrada como colectivo por la asamblea general, y a nivel individual todos los voluntarios “son bienvenidos al grupo”.

La respuesta del gobierno a la organización “no ha sido buena”, comentan los nahuas bajo los escombros de una palapa en Xayakalan. “El gobierno no quiere que tengamos nuestra policía. No le gusta porque no la mandan ellos, pero aquí siempre hemos sido autónomos. Exigimos el reconocimiento de nuestra policía, pero si no llega de todas maneras seguimos”, afirma uno de los responsables.

Ostula es una de las tres comunidades nahuas del litoral del Pacífico michoacano. Las otras dos son Pómaro y Coire. Juntas poseen más de 200 mil hectáreas de territorio dentro de la costa y los montes de la Sierra Madre del Sur hasta Guerrero y Oaxaca. En las más de mil hectáreas de Xayakalan actualmente habitan unas 250 personas pertenecientes a 40 familias. Éste es el territorio vigilado.

Los nahuas exigen el reconocimiento de sus tierras y de sus órganos de autodefensa y hasta la fecha no hay nada. Mientras mantienen la posesión del paraje y la disposición de su policía para defenderlo.

En ocasión de su segundo aniversario, los comuneros denunciaron que “la guerra que actualmente vive nuestra comunidad y que es un capítulo pequeño de la guerra que desgarra a la Nación entera, la podemos contar en números: 26 comuneros muertos, cuatro desaparecidos, decenas de viudas y huérfanos y cientos de desplazados”. Hoy, señalan, “la situación está más tranquila”.

Un dato más es que la asamblea general decidió no participar en las elecciones estatales de Michoacán, previstas para el próximo 13 de noviembre. “Los partidos políticos cuando andan queriendo el puesto te platican bonito, pero después ni te conocen. Todo está por demás con ellos y aquí no entran”, señalan los entrevistados.

La decisión de la asamblea de Ostula fue comunicada oficialmente en los siguientes términos: “Los gobiernos y los partidos políticos se burlan de nuestros pueblos, propiciando el despojo y la explotación de las comunidades indígenas y faltando, en el caso de nuestra comunidad, a la promesa de reconocer las tierras que en el año de 2009 recuperamos en el paraje de Xayakalan, y de otorgar garantías para el funcionamiento de nuestra policía comunitaria”, por tal motivo “no se permite la instalación de casillas electorales en el territorio de la comunidad indígena de Santa María Ostula, incluida su cabecera y sus 22 encargaturas, para las elecciones estatales del día 13 de noviembre de 2011 en las que se renovarán los cargos de gobernador, diputados locales y los ayuntamientos de todo el estado de Michoacán”.

La Policía Comunitaria de Guerrero, en defensa del territorio

Una de las experiencias autónomas más notables en cuanto a sistemas de impartición de justicia (aparte de las comunidades zapatistas de Chiapas, que llevan a cabo el proceso autonómico más avanzado en el país, en más de mil comunidades de 40 municipios), la protagonizan 65 comunidades de la Costa Chica y Montaña de Guerrero, quienes desde hace casi 16 años se hacen cargo de su seguridad, disminuyendo la delincuencia hasta en un 90 por ciento.

En este momento, además de la seguridad de los pueblos, la Coordinadora Regional de Autoridades Autónomas (CRAC)-Policía Comunitaria, implementa un dispositivo especial para informar del inicio de la lucha contra las empresas mineras canadienses e inglesas que pretenden explotar yacimientos de oro y plata, entre otros metales, sin el consentimiento de los pueblos indígenas de los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec, Tlacoapa, Zapotitlán Tablas, Iliatenco y Metlatónoc.

La batalla actual, advierte el coordinador, es contra las empresas mineras que significan “destrucción ambiental, envenenamiento y despojo”, por lo que “nos hemos comprometido a defender el territorio”.

Guzmán insiste en que “el enemigo es enorme, pues las minas son más peligrosas que los delincuentes”. Y ejemplo de esto es que estudiantes de la Universidad Intercultural del Sur realizaron una campaña de pintas contra las minas y fueron intimidados: “nos levantaron a un estudiante y le advirtieron que iban sobre él”, relata el coordinador, quien advierte también sobre “una campaña en algunos medios para cuestionar la impartición de justicia”, razón por la que “hay un invitación abierta a las organizaciones de derechos humanos para que observen su trabajo”.

“Nuestro pueblo ya tomo la decisión: no permitiremos la instalación de las minas en nuestros territorios. El gobierno federal, estatal y municipales, deben garantizarnos y hacer efectivo el derecho a la consulta. Tenemos el derecho histórico y preferente al uso y preservación de nuestras tierras y territorios”, informó la CRAC en un comunicado.

La historia de la Policía Comunitaria de Guerrero data de hace más de tres lustros. Juan González Rojas, uno de los fundadores y su primer coordinador, recuerda la región azotada por innumerables delitos, con la indiferencia y/o complicidad de los gobiernos en turno. Asesinatos, abigeatos, asaltos en carreteras y violaciones de mujeres eran comunes en la zona, “hasta que el pueblo de Santa Cruz del Rincón se cansó y se juntó para ver que hacía para defenderse y así empezó la policía comunitaria”.

Al gobierno, recuerda, “no le gustó la idea, pero les dijimos que no íbamos a negociar, sino a informar lo que estábamos haciendo. Entonces el gobierno nos dio un ultimátum para desarmarnos. Les dijimos que no éramos un grupo armado para enfrentarlos, sino un grupo para coadyuvar en la seguridad de la población”.

Empezaron aproximadamente diez comunidades y 16 años después son 65, cada una con su propio grupo de policías, todos ellos uniformados y equipados, aunque no cobran ni un peso por el servicio que prestan a la comunidad.

Pablo Guzmán explica que hay aproximadamente 700 policías comunitarios, “y hemos visto que entre más crecemos se vuelve más compleja la organización”. Ahora, explica, “ya no se trata sólo de detener delincuentes, ni sólo de impartir justicia y reeducarlos, sino de ir al fondo de los problemas, pues nada resolvemos si recibimos denuncias todo el día, lo que debemos atacar es el origen de las mismas, como el alcoholismo, el desempleo, la descomposición familiar, la falta de educación, etcétera”. Y en eso están.

Actualmente están formando promotores de salud comunitarios y para la producción se está trabajando en un programa de desarrollo integral. En cuanto a la educación, se está formando un equipo de comunicación y se realizan diversos talleres. Los comunitarios no rechazan la gestión de proyectos gubernamentales, pero, insiste Guzmán, “para este proceso no se necesitan recursos del Estado, pues si la gente se convence de la necesidad es seguro que le entra por convicción”.

Su relación actual con el gobierno, con todo y las órdenes de aprehensión en su contra, “es de no enfrentarnos, pues no le disputamos el poder. Sólo que nos dejen trabajar en paz”.
Felicitas Martínez Solano fue la primera mujer dentro de la policía comunitaria. Es coordinadora regional, y señala que “las mujeres en estos 16 años han sido invisibles”. No ha sido fácil su inclusión, pero, afirma, “ya no es lo mismo que antes”.

Cherán: “No inventamos nada nuevo”

La cotidianidad de la comunidad purépecha de Cherán cambió radicalmente a partir del pasado 15 de abril, fecha en la que decidieron “reactivar la autodefensa” de un pueblo asolado por los talamontes que casi terminan con sus bosques.

Cherán, al igual que Ostula hace dos años y que la Policía Comunitaria de Guerrero hace casi 16 años, decidió “poner fin a la impunidad y hacerse cargo de la defensa de su comunidad”, de acuerdo a sus sistemas normativos tradicionales. “No inventamos nada nuevo, sólo lo reivindicamos”, sostiene uno de los coordinadores de los cuatro barrios que integran esta comunidad de la Meseta Purhépecha.

Han pasado casi cinco meses desde que los pobladores de Cherán decidieron prácticamente encerrarse en su comunidad. Instalaron barricadas en todos los accesos y en las noches cerca de 200 fogatas alumbran la vigilancia de un pueblo entero que se cuida a sí mismo. Al igual que en la comunidad nahua de Ostula, las armas son más simbólicas que otra cosa: machetes, palos, hachas y una que otra escopeta de cacería.

En un recorrido nocturno a los cien días de lo que ellos llaman su “levantamiento”, los hombres, mujeres y niños permanecen en los puestos de vigilancia. El contenido humeante de las ollas de comida y café se reparte entre los guardianes. “Ya hay desgaste entre la gente pero no dejamos de organizarnos. Ahora los retos son más grandes que cuando empezamos”, señala otro de los coordinadores.

El movimiento inició cuando, cansados de la tala clandestina de sus bosques, decidieron enfrentar a quienes saquean la madera desde hace tres años. “Tocamos todas las puertas institucionales y ninguna se abrió, hasta que nos cansamos y salimos a defendernos”, relata una comunera en un puesto de vigilancia.
Los pobladores denuncian que “los talamontes, armados hasta los dientes, proceden de Capacuaro, Tanaco, Rancho Casimiro, San Lorenzo, Huecato, Rancho Morelos y Rancho Seco, y hasta el momento han destruido totalmente más de 15 mil hectáreas (80 por ciento del bosque de 20 mil hectáreas)”.

A partir de que la seguridad está en sus manos, los delitos al interior han bajado hasta en un 90 por ciento. No han logrado abatir por completo la tala, pero la han mermado de manera considerable. Asimismo, en tan sólo tres meses consiguieron bajar el alcoholismo en la comunidad en más del 50 por ciento.

La inoperancia de los aparatos de los sistemas de seguridad estatal y federal los motivaron a organizarse: “No podemos quedarnos estáticos esperando las dádivas del gobierno, por eso nos organizamos”, señalan en una de las oficinas de la Casa Comunal.

En estos momentos, afirman, “ya no sólo de las bandas delictivas hay que cuidarse, sino de los partidos políticos que quieren entrar a dividirnos. Ellos son otra invasión” y es por eso que, como sus compañeros de Ostula, decidieron que “aquí los partidos no entran”.

Actualmente está prohibida la propaganda electoral. Ni los autos ni las casas pueden exhibir pancartas o calcomanías de un partido político y si los candidatos intentan entrar “lo consideramos un acto de provocación”.

La ronda tradicional está a cargo de la seguridad de los más de 20 mil pobladores, pero “es más interna que externa, pues no podemos competir con las armas que trae la delincuencia organizada”.

La comunidad tiene ley seca desde que inició la movilización, por lo que una de las tareas de la ronda es vigilar el orden y amonestar o detener a quienes ingieren bebidas alcohólicas: “Si un compañero se emborracha y es la primera vez que lo agarramos lo exhortamos a que ya no lo haga. La segunda vez se le castiga con trabajos comunitarios, como la limpieza de las barricadas o de las fogatas. Y a tercera vez se le manda obligatoriamente a rehabilitarse a Alcohólicos Anónimos. Todo esto por decisión de la asamblea”.

Pasa el tiempo y “el gobierno sigue sin responder a nuestras demandas. Las Bases de Operaciones Mixtas que se pidieron no llegan porque, nos dicen, les falta equipo de campaña. A ellos, los del gobierno, les conviene que el problema siga así. Ven en nosotros un botín político para el próximo proceso electoral, pero la comunidad ha decidido que ni tantito van a entrar las instancias electorales”.

Por lo pronto, se han organizado brigadas de reforestación “para ir recobrando el bosque, hay limpieza de los terrenos para plantar pinos; y se están haciendo zanjas para detener el deslave”, todo esto sin participación gubernamental.

Aquí, como en las 65 comunidades de Guerreo y en la comunidad nahua de Ostula, los integrantes de la ronda tradicional son voluntarios sin sueldo. Actualmente hay cien elementos para la seguridad interna y otros cien para resguardar el territorio.

Independiente de lo que ocurra en el futuro, señalan, “el proceso que iniciamos ya no tiene regreso. Nosotros ya no le volvemos a entregar nuestra seguridad al gobierno”.


*Versión ampliada de un reportaje originalmente publicado en La Jornada.

jueves, 1 de septiembre de 2011

La Tribu Yaqui denuncia que el mal gobierno quiere cometer el despojo más descomunal de la historia.


PUEBLO DE VÍCAM, SONORA, MEXICO, TERRITORIO DE LA TRIBU YAQUI. 25 DE AGOSTO 2011.

A TODOS LOS PUEBLOS DEL PLANETA TIERRA
A TODA LA HUMANIDAD
A TODO EL PUEBLO DE MEXICO
A TODOS LOS HERMANOS INDIGENAS
A TODAS LAS FUERZAS DE LUCHA PARTIDARIAS Y NO PARTIDARIAS.

EN ESTOS INSTANTES, EN SUELOS MEXICANOS, EN TIERRAS SONORENSES Y CONTRA EL TERRITORIO YAQUI, SE SIGUE PERPETRANDO EL ATRACO MAS CRIMINAL CONTRA LA TRIBU YAQUI Y LA PRODUCCION DE ALIMENTOS; ACCIONES ORQUESTADOS POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA FELIPE CALDERON Y EL GOBERNADOR DEL ESTADO GUILLERMO PADRES ELIAS, DANDO CONTINUIDAD A UNA DE LAS GUERRAS MAS LARGAS QUE SE TENGA EN LA HISTORIA, CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENAS DE MÉXICO Y CONCRETAMENTE CONTRA NUESTRO PUEBLO YAQUI; AL PRETENDER CONSTRUIR EL ACUEDUCTO LLAMADO “INDEPENDENCIA”, QUE QUIERE LLEVAR AGUA DEL NOVILLO UNA DE LAS PRESAS INTERMEDIAS DEL SISTEMA DE LA CUENCA DEL RIO YAQUI QUE INCLUYE: LA PRESA “LA ANGOSTURA” Y “EL OVIACHIC”. ESTO VIOLANDO FLAGRANTEMENTE DISPOSICIONES JUDICIALES, EL CUAL OTORGA PROTECCION A LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES, ATRAVEZ DE UNA MEDIDA CAUTELAR PRECAUTORIA URGENTE OTORGADO POR UN TRIBUNAL AGRARIO A LA TRIBU YAQUI, A FAVOR DE LA DEMANDA DE RESTITUCIÓN DE AGUAS Y UN AMPARO INTERPUESTO POR LOS AGRICULTORES DEL VALLE DEL YAQUI CONTRA LA LICITACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ORDENA PARAR LAS OBRAS OTORGADO POR UN JUZGADO DE DISTRITO Y RATIFICADO POR UN TRIBUNAL COLEGIADO A LOS PRODUCTORES AGRICOLAS DEL VALLE DEL YAQUI. EL PASADO 14 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL RATIFICA QUE EL GOBIERNO DE GUILLERMO PADRES SE ENCUENTRA EN DESACATO.

A CAUSA DEL DESACATO Y ABUSO DE AUTORIDAD MOSTRADA POR EL MAL GOBIERNO DEL ESTADO HACE APENAS UNAS HORAS, LA JUEZ OCTAVA DE DISTRITO OTORGA UN PLASO PERENTORIO DE 24 HORAS AL SUPERIOR JERARQUICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE DETENGA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA Y RESTABLESCA EL ESTADO DE DERECHO VIOLENTADO O DE LO CONTRARIO SE UTILIZARA LA FUERZA PUBLICA. OBTENIENDO POR RESPUESTA DOCUMENTADA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SU YA ACOSTUMBRADA FRASE “NADA NI NADIE DETENDRA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA”. A LA PAR SE GIRA LA ORDEN DE IMPLEMENTAR TACTICAS DILATORIAS PARA QUE EL ACUSE DE RECIBIDO SE APLASE LO MAS POSIBLE Y POR SUPUESTO APARTIR DE HOY NO SE LE PODRA ENCONTRAR EN SUS OFICINAS.

POR ELLO EL ESTADO MEXICANO QUEDA EXPUESTO ANTE LA OPINION PUBLICA MUNDIAL, NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL Y CONCRETAMENTE FELIPE CALDERON, GUILLERMO PADRES ELIAS, COMO INSTRUMENTOS DEL PODER ECONOMICO DE EMPRESAS EXTRANJERAS, AL OBLIGARLOS A VIOLAR Y DESPRECIAR LAS LEYES MEXICANAS Y CONVENIOS Y TRATADOS MEXICANOS, COMO EL DE LA OIT 169 INSTRUMENTO QUE HICIMOS USO EN NUESTRO CARÁCTER DE AUTORIDADES TRADICIONALES CONTRA EL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL, QUE FUE APROBADO A FAVOR DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO POR PARTE DE LA SEMARNAT (SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES) Y SU SECRETARIO ENCARGADO DE DESPACHO JOSÉ LUIS LUEGUE TAMARGO, VIOLANDO FLAGRANTE LA LEY EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE TERCERA GENERACION, QUE PROTEGE A LOS INDIGENAS EL DERECHO AL TRABAJO Y EL DESARROLLO.

BAJO ESTAS CONDICIONES DE GUERRA DE BAJA INTENSIDAD Y UNA VEZ MAS, CONFABULADOS EL GOBIERNO MEXICANO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, SIRVIENDO COMO INSTRUMENTOS E INTERES, DEL GRAN CAPITAL Y SUS TRASNACIONALES, QUIEREN COMETER EL DESPOJO MAS DESCOMUNAL DE LA HISTORIA AL QUITARNOS EL AGUA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, UN BIEN DE LA NACIÓN Y PROPIEDAD DE LA TRIBU YAQUI; ATRAVEZ DEL DECRETO PRESIDENCIAL DE 1940 Y CONVERTIRLO DE UN INSTRUMENTO E INSUMO PARA EL DESARROLLO Y PRODUCCION DE ALIMENTOS; A UN BIEN PRIVADO Y SUJETO A LAS REGLAS DEL MERCADO ESPECULATIVO.

ES POR ELLO QUE LA TRIBU YAQUI Y LA SOCIEDAD CIVIL DE SIETE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA, REPRESENTADOS EN SUS DIFERENTES ORGANIZACIONES, QUEREMOS HACER VALER LA LEY Y EL ESTADO DE DERECHO, Y CONSTITUIRSE EN FUERZA CIVIL PARA DETENER Y DESMANTELAR EL ACUEDUCTO ATRAVES DE LA DENUNCIA, LA RESISTENCIA Y LA DESOBEDIENCIA CIVIL PACIFICA E IMPEDIR QUE SE COMETA UNO DE LOS ACTOS MAS INJUSTOS DE LA HISTORIA RECIENTE; EN NUESTRO CARÁCTER DE AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA TRIBU YAQUI DE VÍCAM Y POTAM, PRIMERA Y SEGUNDA CABECERA DE LA TRIBU YAQUI, NO VAMOS A PERMITIR QUE SE VUELVAN A COMETER MAS INJUSTICIAS CONTRA NUESTRO PUEBLO, HAREMOS HACER VALER NUESTRA RAZON HISTÓRICA COMO PUEBLOS ORIGINARIOS DE ESTAS REGIONES ARIDAS, Y NUESTROS DERECHOS HISTÓRICOS.

DONDE TODA AUTORIDAD TRADICIONAL Y TODO MIEMBRO DE LA TRIBU YAQUI SE CONSAGRA EN LA DEFENSA DE LA TIERRA Y EL AGUA.

“LA LUCHA POR LA AUTONOMÍA Y AUTODETERMINACION SON PRINCIPIOS IRRENUNCIABLES DE LA TRIBU YAQUI”

“NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS”

ATENTAMENTE

AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA TRIBU YAQUI.

Protestan contra el despojo del agua a la tribu yaqui

México DF. Protestan contra el despojo del agua a la tribu yaqui Carolina S. Romero

Contra la construcción de un acueducto que favorece intereses industriales y comerciales


Respeto del agua y la vida de la tribu yaqui fue la demanda de casi un centenar de personas reunidas hoy 31 de agosto afuera de la Casa del Gobierno de Sonora en la Ciudad de México. El acto se realizó en solidaridad con las movilizaciones de la tribu yaqui para detener la construcción de un acueducto que llevará las aguas de la Presa El Novillo en la Cuenca del Río Yaqui a la Ciudad de Hermosillo para el beneficio de las grandes empresas.

En el acto se leyó un comunicado enviado por las autoridades tradicionales de la tribu yaqui y firmado por el Secretario Tradicional Mario Luna Romero. Acusan al presidente Felipe Calderón y al gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías de actuar como “instrumentos del gran capital y sus trasnacionales” en violación de leyes mexicanos y convenios internacionales. Mientras en lo medios de comunicación se repite la frase “Nada ni nadie detendrá la construcción del Acueducto Independencia”, las autoridades tradicionales declaran su intención de “constituirse en fuerza civil para detener y desmantelar el acueducto a través de la denuncia, la resistencia, y la desobediencia civil pacífica e impedir que se cometa uno de los actos más injustos de la historia reciente”.

La Red vs la Represión y por la Solidaridad, por su parte, denunció el Grupo Carso del empresario Carlos Slim como iniciador de la obra para favorecer los intereses turísticos, inmobiliarios y agroindustriales y, en particular, empresas como Big Cola, Ford y la cementera Apasco. Dice: “Dicho proyecto despojará de sus aguas el tribu yaqui, anulando su autonomía y derecho histórica sobre la Cuenca del Río Yaqui, provocando la destrucción de su territorio y el exterminio definitivo de la tribu, así como la afectación profunda del equilibrio ecológico en el Sur de Sonora y la ruina de los agricultores del valle del yaqui”.

El compañero Ramón Felix, originario del tribu yaqui en Vicam, Sonora y ahora radicado en el Distrito Federal hizo uso del micrófono para decir: “El agua, ciertamente, es de todos, pero también el agua en todas partes hay. Esta agua, muy bien se puede pensar, que los pueblos la pueden compartir. Pero el apremio del agua que hay en el centro del estado, en la capital del estadio, es por razones industriales”. Dice que algunas de las grandes empresas como Ford, Wal-Mart y los grandes agricultores se quejan de la escasez del agua y por eso el gobernador está construyendo el acueducto para llevar el agua que pertenece a la tribu yaqui.

El compañero afirma que el gobernador está en desacato de dos amparos resueltos a favor de la tribu yaqui, uno por el Tribunal Agrario y el otro por la Suprema Corte de Justicia. “Sigue construyendo. Está la maquinaria… El acueducto se construye por el Grupo Carso y su dueño es Carlos Slim, el hombre más rico del mundo. Entonces el gobernador responde a los intereses de los poderosos, que sean locales, nacionales o trasnacionales. Para él es más fácil burlar las necesidades y los derechos de los pueblos indígenas…Entonces la tribu yaqui se está movilizando para defender nuestra agua, nuestro suelo, nuestro aire”.

En entrevista, Ramón Felix enfatiza que “los pueblos indios estamos resistiendo todos los despojos que en el Siglo XXI todavía continúan después de que han exterminado ya tribus completas, pueblos enteros, que han acabado con recursos naturales, con la ecología de tantos lugares. En el caso de nosotros, quiero resaltar que la tribu yaqui es una de las etnias que tiene mayor grado de autonomía actualmente, que su territorio está debidamente delimitado y debidamente rescatado y gobernado por la tribu”.

––¿Desde hace cuándo?

––En 1939 el Presidente Lázaro Cárdenas decretó la restitución de las tierras y las aguas a la tribu yaqui, pero nada más la mitad del territorio que ellos pelean. Tal vez su gobierno no tuvo fuerza para quitar todo de los agricultores, de los terratenientes, entre ellos generales como Álvaro Obregón, Elías Calles.

––¿Cómo funciona la autonomía en la tribu yaqui?

––Hay un territorio específico y delimitado en el que las autoridades municipales y estatales y federales no ponen gobernantes. Ahí el gobierno se elige localmente a través de comisarios de los ocho pueblos. Hay ocho comisarios. Y hay ocho gobernantes, se llaman cobanaguas y hay un cobanagua yowei, el gobernante mayor. Tienen soberanía. Ellos determinan lo que se construye, lo que no se construye, todos los asuntos civiles y religiosos.

––¿Pero aún con tanta autonomía, no tienen control sobre la construcción del acueducto?

––Legalmente, deben ser los yaquis quienes administran el agua. Según el decreto de Cárdenas, les corresponde 50% del agua. Pero los gobernantes no respetan la ley.

––¿La mayoría de la gente se dedica a la agricultura?

––Sí, a la agricultura y a la pesca porque también tienen alrededor de 350 kilómetros de litorales. Los yaquis son propietarios de sus tierras y algunos las siembran en sociedades comunales, en sociedades colectivas, generalmente núcleos familiares, a veces con alto desarrollo tecnológico. Pero el gobierno a partir de las políticas neoliberales dejó de respaldarlos, les quitó los créditos, vendió los almacenes, vendió la maquinaria que era de los yaquis. Lamentablemente algunos se han visto obligados a rentar sus tierras.

––Entonces la construcción del acueducto es desastrosa para los agricultores.

––Sí, si logran construirlo, será la ruina de los agricultores y los usuarios también. Nos despoja de la fuente de vida.

––Pero los yaquis tienen una larga historia de resistencia, ¿verdad?

––Sí, a fines del Siglo XIX, el gobierno de Porfirio Díaz intentó exterminar a la tribu yaqui porque siempre han defendido la tierra. Han exterminado muchas etnias o las han despojado, pero no pudieron exterminar a la tribu yaqui ni la pudieron despojar. Es la etnia que tiene más firmemente consolidado su territorio porque sobrevivieron al exterminio.

––¿Cómo se dio esto?

––La Guerra del Yaqui duró del 1890 hasta 1910. Durante veinte años el gobierno de Porfirio Díaz agarraba a familias enteras. Las subían a los barcos en el Puerto de Guaymas, y se las llevaban hasta Salina Cruz en Oaxaca. Cruzaban caminando al Istmo y ahí empezaron a vender a los yaquis como esclavos, y los que no los vendían ahí, los volvían a subir en un barco para llevarlos a Yucatán a las fincas henequeneras.

––¿Pero quedó mucha gente en sus tierras?

––Ah sí, y la tribu tenía enfrentamientos militares en una sierra que es como un sombrero al lado de los territorios yaquis. Y esa sierra es la que le permitió la guerra de guerrillas. Desde ahí defendieron sus tierras constantemente cuando los despojaban. Y desde ahí no dejaban desarrollar la economía y la política oficial. Constantemente atacaban trenes, carreteras y militares desde la sierra.

––¿Todo esto fue durante la Guerra del Yaqui?

––Sí, y luego vino la Revolución y la Revolución interrumpió el exterminio. Álvaro Obregón enganchó a muchos yaquis y los incorporó a la Revolución. Derrotaron a Porfirio Díaz. Así que el proceso revolucionario ayudó a salvar a la tribu. Pero Obregón y Carranza les prometieron tierras y no les cumplieron. Cuando se acabó la Revolución, los yaquis esperaban su dotación. Carranza y Obregón se hicieron presidentes y tenían todo el poder para regresarles sus tierras a los indios pero no se las regresaron. En 1929 se realiza el último levantamiento yaqui. Finalmente Lázaro Cárdenas expropia el petróleo y restituye algunas tierras a los indios y por fin en 1939 le restituye la mitad de sus tierras a los yaquis. Hasta la fecha son dueños de su suelo, de su agua, de su cielo, de sus mares. Por eso no aceptan tan fácilmente la imposición del acueducto y por eso estamos en las movilizaciones ahora.