jueves, 14 de marzo de 2013
ASESINAN A LIDER DE CONIC EN SANTIAGO ATITLAN, GUATEMALA!
La Coordinadora Nacional Indígena y Campesina –CONIC- REPUDIA ENERGICAMENTE el cobarde asesinato del compañero GERONIMO SOL AJCOT, en la aldea Chacayá, Santiago Atitlán, Sololá.
Seis hombres, fuertemente armados y encapuchados, salen a su camino y le dan muerte con arma de fuego a eso de las 5:00 de la mañana, cuando salía de su casa de habitación, para dirigirse a su trabajo a la finca Valparaíso, Chichacao del departamento de Suchitepéquez.
El compañero Gerónimo Sol Ajcot, de 68 años de edad, era miembro de la junta directiva de la Asociación Maya Tzutujil de Agricultores de Santiago Atitlán, miembros de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina –CONIC-, que desde el año pasado recibió amenazas de muerte, por personas desconocidas. Se hizo las denuncias en su momento, lamentablemente no hubo investigación ni esclarecimiento de los hechos.
EXIGIMOS AL MINISTERIO PUBLICO, investigar el asesinato de Gregorio Sol Ajcot, dar con los responsables materiales e intelectuales de este lamentable hecho.
EXIGIMOS AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL que vele por la seguridad de la población en general del municipio, en coordinación con la Policía Nacional Civil, como asimismo con la población de manera organizada, que persiga y castigue a los delincuentes, porque afecta la armonía, la tranquilidad y el desarrollo del municipio.
A LOS FAMILIARES DE GREGORIO SOL, nuestra solidaridad y apoyo incondicional.
A LAS ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES MIEMBROS DE BASE, a fortalecer nuestra organización a nivel interno, para dar seguridad a nuestros asociados y las juntas directivas.
GREGORIO SOL AJCOT…PRESENTE EN LA LUCHA
POR LA MADRE TIERRA… LA LUCHA SIGUE!
Guatemala, 11 de marzo, 2013.
COORDINADORA NACIONAL INDIGENA Y CAMPESIN –CONIC-
Miembro de UASP, Mesa Plural, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo
–CLOC- y Vía Campesina Internacional
viernes, 18 de enero de 2013
Organizaciones indígenas del Valle del Choapa denuncian rechazan manipulación de su patrimonio arqueológico por minera trasnacional
18 January, 2013
MAPUEXPRESS
La herencia ancestral, es un bien que no debe ser
entregado a una multinacional para que un día no muy lejano destruyan
los espacios vitales para la supervivencia de los habitantes de los
valles de Illapel.
Declaración Pública de la “Asociación Originaria Manke Pillán”, Comuna de Illapel
El viernes 21 de diciembre 2012, se realizó en la Casa de la
Cultura de Illapel, la inauguración de una sala museográfica con el
propósito de rescatar las piezas arqueológicas que están en poder de la
Municipalidad de Illapel, para poder conservar y exhibir en este espacio
Cultural de la comuna.
Una noticia, que a primera instancia, puede ser considerada una
necesidad debido a la pérdida sistemática de nuestra riqueza Patrimonial
Arqueológica. Sin embargo, ese día suceden con este acontecimiento “Gestos Simbólicos”,
que generan el repudio de nuestra Asociación; como es la Alianza de su
Alcalde Sr. Denis Cortes, representado por sus funcionarios y un
representante del Concejo; todos integrantes de la Municipalidad de
Illapel con la multinacional Xstrata Cooper, representado por el coordinador general del Proyecto Pachón.
Posicionan los “Iconos del poder”,
para encarcelar nuestra Herencia Originaria. La sala museográfica
exhibirá los Pendones de una multinacional voraz y de autoridades
funcionales dispuestas a anular nuestra historia. Pretenden construir
nuevos discursos históricos, para justificar sus acciones. No
considerando la Convención 169 de la OIT, en la cual se enfatiza que
toda acción que tenga que ver con valores sociales, culturales y
vestigios arqueológicos debe consultarse a las naciones originarias.
Rechazamos la apropiación de nuestros recursos naturales, la
inundación de los valles de los territorios del Choapa con remanentes
industriales y Relaves; la Extracción de minerales a Cielo Abierto por
dañar a Perpetuidad la Biodiversidad y las comunidades que viven en
estos valles.
Las voces de los Diaguitas del Choapa, frente a la indiferencia
de las autoridades del Estado de Chile, han recurrido a los máximos
organismo internacionales, como la ONU, expresando que: “Los
problemas emergente de conflictos, en la región del Choapa, da cuenta
de los efectos de las políticas económicas de depredación de los
recursos naturales, llevada al extremo, por los gobiernos de Chile en
las últimas cuatro décadas; respaldadas por una Constitución que da
garantía a las multinacionales, para avasallar y desarraigar por la
fuerza a los pueblos y comunidades, que ocupan los valles transversales
del Choapa. Dejando a su paso un panorama devastador de pasivos
ambientales, contaminando la cuenca de los ríos y apropiándose de
elementos vitales como es el agua; marcando un punto de inflexión en los
destino de esta zona para siempre”. (Demanda de la Nación Diaguita ante la ONU, Cumbre de Río +20, Río de Janeiro, Brasil, año 2012).
La herencia ancestral, es un bien que no debe ser entregado a una
multinacional para que un día no muy lejano destruyan los espacios
vitales para la supervivencia de los habitantes de los valles de
Illapel.
El Estado de Chile, tiene una deuda histórica con las Naciones
Originarias, pues la grandeza que puedan expresar sus autoridades se lo
deben a las primeras comunidades que dejaron una experiencia y
conocimiento sobre estos territorios. A doscientos años de la
instauración de la República de Chile, las comunidades Originarias no
han recibido un reconocimiento en la Constitución de la República.
Las autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales,
no tienen ninguna legitimidad ética ni legal, para tomar decisiones
sobre nuestra riqueza arqueológica. Rechazamos los métodos de rescate
arqueológicos realizados en nuestros valles del Choapa, aplicados por
Monumentos Nacionales, lo cual ha significado una perdida y falta de
respeto a nuestros ancestros.
No queremos que sigan las mineras tomando nuestra Iconografía
Rupestre, para exhibirla como su imagen corporativa, por ser ellos los
principales destructores de los vestigios arqueológicos del Choapa,
durante los últimos veinte años. No sigan destruyendo sitios
arqueológicos, como sucedió en la construcción del Tranque El Bato y en
la actualidad con el “Sitio Arqueológico de Mampao”, en Plan de Hornos,
por los equipos de sondajes y la construcción de caminos.
Exigimos que se “Respete nuestro Entorno Natural, Social y
Cultural”, de acuerdo a las Convenciones Internacionales, de los
organismos de la ONU, UNESCO, ICOMOS y la 169 de la OIT. Nosotros
existimos, si se ha de respetar nuestra herencia cultural, por los
criollos en museos deben ser en espacios públicos y sin la intromisión
de Consultoras y multinacionales.
Rechazamos la Intromisión de Consultoras expertas supuestamente
en patrimonio arqueológicos, por ser parte de la maquinaria implementada
por autoridades y multinacionales, para borrar y destruir nuestro
legado más valioso. Y atentar contra nuestra memoria ancestral.
Se hace necesario, recordar que el conquistador español hace
cuatro generaciones llegó a los valles transversales del Choapa;
destruyendo parte del tejido social y cultural de los habitantes que
estaban hace más de 14.000 años viviendo bajo principios de antagonismo,
reciprocidad y cohabitación Ruiz (2003); Jackson (2002).
Después, la naciente República, se continuó manteniendo las
“Asimetrías de Poder”, negando la memoria de las primeras comunidades;
realidad que aún se mantiene en la actualidad. Se negó su cosmovisión,
su lengua. Sus territorios fueron usurpados para instaurar las
encomiendas y luego las haciendas. En la actualidad se respaldan con la
ley minera, destruyendo y apoderándose de nuestras montañas; contaminan
las aguas y alterando y secando los causes de los ríos; alejan las
lluvias y nos legan el desierto.
Como legado se mantiene un principio fundamental como es el de
Reciprocidad, que es parte del accionar en todas las esferas de las
comunidades Originarias del Choapa, en relación con su Entorno y la
Madre Tierra. De esta ley no se exime a autoridades, políticos y
empresarios, que ansiosos de poder, se entregan a ser parte del despojo.
Comunidad Territorial
“Asociación Originaria Manke Pillán de Illapel”
“Asociación Originaria Sol Naciente de Salamanca”
ADHIEREN:
Asociación Indígena Urbana Mapu Ta Nüyün de Kokimpu – Coquimbo
Centro Mapuche de Estudio y Acción
jueves, 17 de enero de 2013
Guerrilla mapuche ataca a latifundista y crea tensión en Chile
Tomado de http://liberaciontotal.lahaine.org/?p=4838
Ataque
incendiario a casa patronal de empresario agricola y ajusticiamiento de
Werner Luchsinger y Vivianne McKay en La Araucanía
04.Ene.13
desde la prensa…
Un atentado incendiario se registró la madrugada de este viernes 4/1 en la comuna de Vilcún, a 25 kilómetros de la capital de la región de La Araucanía.
Unxs 20 encapuchadxs llegaron al fundo Palihue, propiedad del empresario y latifundista Werner Luchsinger Lemp, prendiéndole fuego a la casa patronal que resultó completamente destruida.
Al lugar llegaron bomberos para controlar el siniestro, junto con policias, descubriéndo dos cuerpos calcinados.
Al principio la policía y el fiscal evitaron confirmar si ambos cadáveres correspondían a Luchsinger y a su esposa Vivianne McKay, quienes habían sido dados por desaparecidos. Pero luego el Ministerio Público confirmó que los muertos corresponden al empresario y su cónyuge, ambos adultos mayores, cuyos restos fueron derivados hasta el Servicio Médico Legal, para ser periciados y establecer la causa de muerte.
Durante el ataque el latifundista habría disparado desde el segundo piso e hirió a uno de lxs encapuchadxs, que luego fue detenido por carabineros en las cercanías, siendo derivado hasta el Hospital Regional de Temuco, debido a que presentaba una herida de proyectil en la altura del pecho. Este hombre será formalizado luego de ser atentido en el hospital.
El fundo Palihue no contaba con protección policial, debido a que no era reclamado por alguna comunidad mapuche de la zona.
Junto a la casona destruída, se habrían encontrado panfletos haciendo alusión a las reivindicaciones mapuche y por la muerte de Matías Catrileo, uno de los 13 indígenas muertos desde que en la década de 1990 se reactivaran sus reivindicaciones de tierras.
Recordar que Matías fue asesinado a balazos por la espalda a manos del sargento Walter Ramírez, este hecho ocurrió el 3 de Enero de 2008 durante una toma de terreno en el fundo Santa Margarita, propiedad de Jorge Luchsinger, primo hermano del empresario que fue ajusticiado en este ultimo atentado.
Durante los últimos días, en Temuco aparecieron rayados precisamente contra la familia Luchsinger y a favor de la causa mapuche, recordado la muerte de Matías Catrileo.
Hasta el momento ningún grupo guerrillero mapuche ha reivindicado el ataque incendiario y el ajusticiamiento de los latifundistas.
Las reacciones de parte del Poder y del Estado no se han hecho esperar, mientras la policía realiza violentos y desenfrenados allanamientos a comunidades mapuche. Esto porque la familia Luchsinger es bien conocida y amiga de todos los poderosos de este país, es de esperar que esten sedientos de venganza contra todxs lxs mapuche.









Un atentado incendiario se registró la madrugada de este viernes 4/1 en la comuna de Vilcún, a 25 kilómetros de la capital de la región de La Araucanía.
Unxs 20 encapuchadxs llegaron al fundo Palihue, propiedad del empresario y latifundista Werner Luchsinger Lemp, prendiéndole fuego a la casa patronal que resultó completamente destruida.
Al lugar llegaron bomberos para controlar el siniestro, junto con policias, descubriéndo dos cuerpos calcinados.
Al principio la policía y el fiscal evitaron confirmar si ambos cadáveres correspondían a Luchsinger y a su esposa Vivianne McKay, quienes habían sido dados por desaparecidos. Pero luego el Ministerio Público confirmó que los muertos corresponden al empresario y su cónyuge, ambos adultos mayores, cuyos restos fueron derivados hasta el Servicio Médico Legal, para ser periciados y establecer la causa de muerte.
Durante el ataque el latifundista habría disparado desde el segundo piso e hirió a uno de lxs encapuchadxs, que luego fue detenido por carabineros en las cercanías, siendo derivado hasta el Hospital Regional de Temuco, debido a que presentaba una herida de proyectil en la altura del pecho. Este hombre será formalizado luego de ser atentido en el hospital.
El fundo Palihue no contaba con protección policial, debido a que no era reclamado por alguna comunidad mapuche de la zona.
Junto a la casona destruída, se habrían encontrado panfletos haciendo alusión a las reivindicaciones mapuche y por la muerte de Matías Catrileo, uno de los 13 indígenas muertos desde que en la década de 1990 se reactivaran sus reivindicaciones de tierras.
Recordar que Matías fue asesinado a balazos por la espalda a manos del sargento Walter Ramírez, este hecho ocurrió el 3 de Enero de 2008 durante una toma de terreno en el fundo Santa Margarita, propiedad de Jorge Luchsinger, primo hermano del empresario que fue ajusticiado en este ultimo atentado.
Durante los últimos días, en Temuco aparecieron rayados precisamente contra la familia Luchsinger y a favor de la causa mapuche, recordado la muerte de Matías Catrileo.
Hasta el momento ningún grupo guerrillero mapuche ha reivindicado el ataque incendiario y el ajusticiamiento de los latifundistas.
Las reacciones de parte del Poder y del Estado no se han hecho esperar, mientras la policía realiza violentos y desenfrenados allanamientos a comunidades mapuche. Esto porque la familia Luchsinger es bien conocida y amiga de todos los poderosos de este país, es de esperar que esten sedientos de venganza contra todxs lxs mapuche.
CONTEXTO
Chile: "terrorist" attacks in Mapuche region
Tomado de http://ww4report.com/node/11883
Submitted by Weekly News Update... on Tue, 01/15/2013 - 11:40
Chilean
landowner Werner Luchsinger and his wife, Vivianne McKay, died in a
fire set by some 20 masked attackers on Jan. 4 at their Lumahue estate
in Vilcún, in the southern region of Araucanía. Luchsinger, who was 75
years old, reportedly fought back against the intruders with a firearm,
wounding at least one.
The couple, who owned some 1,000 hectares of farmland in the region, had resisted demands for land from the indigenous Mapuche community. Pamphlets were found at the site commemorating the fifth anniversary of the death of Mapuche student Matías Catrileo Quezada, who was shot in the back by a police agent on Jan. 3, 2008 during an occupation of an estate owned by Werner Luchsinger's cousin, Jorge Luchsinger.
Right-wing president Sebastián Piñera reacted immediately to the killings with an unscheduled trip to the Araucanía, announcing that he would send a contingent of the carabineros militarized police to reinforce the carabineros already in the region and that he would appoint a special prosecutor for the case. The attackers would be prosecuted under a controversial "antiterrorist" law from the 1973-1990 dictatorship of Gen. Augusto Pinochet, he said. "This struggle isn't against any group in particular, much less against the Mapuche people," Piñera said. "It's a struggle against a minority of criminals, of terrorists and violent people who feel they have the right to go beyond the law."
Government officials indicated that the attackers were funded by foreign forces. "We're in the presence of an organized terrorist group, with terrorist methods, with international links that come with training, with training sessions and contacts with the FARC," General Secretary of the Presidency Cristian Larroulet said on Jan. 8, referring to the rebel Revolutionary Armed Forces of Colombia. Chilean prosecutors have been trying since 2010 to establish a link between the FARC and militant Mapuche organizations, with a focus on the Arauco Malleco Coordinating Committee (CAM). (A declaration by the CAM published on Jan. 8 denounced the recent violence as "erratic actions committed by some groups not connected to our organization…actions [that] only serve the interests of businesses and the government.")
As of Jan. 10 Chilean authorities had arrested three people in the deaths at the Luchsinger estate. Celestino Córdova Tránsito, a machi (doctor in traditional Mapuche medicine), was found with a bullet wound near the estate on the day of the attack. His brother, José Córdova Tránsito, was detained on Jan. 9 in the community of Lleupeco (or Yeupeko). Carlos Huerao Carril was arrested when a large number of carabineros and investigations police agents carried out a violent early morning raid in Lleupeco on Jan. 10. A shotgun and a pistol were found in Huerao's home; his wife said the weapons were licensed. Celestino Córdova was indicted on Jan. 11 on four charges, including "terrorist" homicide and arson. José Córdova was released on Jan. 12 after being charged with illegal possession of a firearm and ammunition; he was not charged under the antiterrorism law.
Violent incidents continued in Araucanía, despite tightened security and the presence of 400 carabineros. A shed with machinery inside was set on fire in the early morning of Jan. 5 at the commune of Freire, and two lumber trucks were burned in a separate incident the same morning in the Capitán Pastene sector; there were no injuries in either attack. Another fire was set in a storeroom and an uninhabited house in Padre las Casas on Jan. 8. On Jan. 10 three armed and masked men torched the house of the caretaker of the estate of business owner Joaquín Biwer Meller in Río Bueno municipality in the Los Ríos region, which is directly south of Araucanía; Mapuche activists had tried to occupy this estate in 2009.
Also on Jan. 10, a fire was set in a storeroom at the Trapilhue private school in the Maquehue sector of Araucanía, near Temuco, the regional capital. According to the police, there were no witnesses to the incident but graffiti were found supporting the Mapuche cause and opposing a new airport being built nearby. The school has 90 pupils, 87 of them Mapuches. The arson "constitutes a clumsy effort to link the Mapuche communities in resistance to criminal acts," unnamed local leaders told the Venezuela television network TeleSUR.
Chile's 700,000 Mapuches form the largest indigenous group in the country. Their lands, largely in the Araucanía, were taken over in 1883 by the government, which offered them to European settlers; the Luchsingers are descended from Swiss immigrants who arrived some 90 years ago. Since the 1990s Mapuche groups have been demanding the return of the lands they claim, which are now mostly under the control of large landowners and timber companies. Successive governments have responded to Mapuche activism with repression; as many as 13 Mapuche activists have died in the recent struggles over land.
During the past year the Piñera administration has created a development zone in the region which it says has benefited 1,000 families, members of 37 of the 42 Mapuche communities, but at the same time the government continues to apply repression, as in the current application of the Pinochet-era laws.
Mapuche leaders deny that their activists have links to outside forces. "The Mapuches don't need the FARC to sustain their legitimate struggle for the recovery of their territory," the werkén (spokesperson) Aucán Huilcamán of Consejo de Todas las Tierras (Council of All Lands) told reporters. "The government shouldn't insist on repressive measures; it should open up a solid, long-term dialogue." (La Jornada, Mexico, Jan. 5, from DPA, AFP, Jan. 6, from AFP, Jan. 8, from AFP, Notimex, DPA, Jan. 9 from DPA, AFP; Inter Press Service, Jan. 8, via Upside Down World; Fortín Mapocho, Chile, Jan. 8; EFE, Jan. 10, via Terra.com; TeleSUR, Jan. 11; MapuExpress, Chile, Jan. 11, Jan. 14; Werkén, Chile, Jan. 12)
On Jan. 11 a group of Mapuche researchers and academics published an open letter on the Luchsinger killings. "[D]eaths resulting from a conflict are always regrettable," they wrote, and "contribute to radicalization and polarization of the political and ideological positions and lead to the development of irrational acts." At the same time, the signers called for an understanding of "the historical background that underlies the contradictions and present conflicts. Violence is never an arbitrary phenomenon."
"We don't want the events in Vilcún to be a justification for the Chilean state to add new victims to the list of numerous Mapuches who already have been assassinated over the course of this long conflict." (Declaración pública de investigadores mapuche sobre acontecimientos recientes en La Araucanía, Jan. 11)
The couple, who owned some 1,000 hectares of farmland in the region, had resisted demands for land from the indigenous Mapuche community. Pamphlets were found at the site commemorating the fifth anniversary of the death of Mapuche student Matías Catrileo Quezada, who was shot in the back by a police agent on Jan. 3, 2008 during an occupation of an estate owned by Werner Luchsinger's cousin, Jorge Luchsinger.
Right-wing president Sebastián Piñera reacted immediately to the killings with an unscheduled trip to the Araucanía, announcing that he would send a contingent of the carabineros militarized police to reinforce the carabineros already in the region and that he would appoint a special prosecutor for the case. The attackers would be prosecuted under a controversial "antiterrorist" law from the 1973-1990 dictatorship of Gen. Augusto Pinochet, he said. "This struggle isn't against any group in particular, much less against the Mapuche people," Piñera said. "It's a struggle against a minority of criminals, of terrorists and violent people who feel they have the right to go beyond the law."
Government officials indicated that the attackers were funded by foreign forces. "We're in the presence of an organized terrorist group, with terrorist methods, with international links that come with training, with training sessions and contacts with the FARC," General Secretary of the Presidency Cristian Larroulet said on Jan. 8, referring to the rebel Revolutionary Armed Forces of Colombia. Chilean prosecutors have been trying since 2010 to establish a link between the FARC and militant Mapuche organizations, with a focus on the Arauco Malleco Coordinating Committee (CAM). (A declaration by the CAM published on Jan. 8 denounced the recent violence as "erratic actions committed by some groups not connected to our organization…actions [that] only serve the interests of businesses and the government.")
As of Jan. 10 Chilean authorities had arrested three people in the deaths at the Luchsinger estate. Celestino Córdova Tránsito, a machi (doctor in traditional Mapuche medicine), was found with a bullet wound near the estate on the day of the attack. His brother, José Córdova Tránsito, was detained on Jan. 9 in the community of Lleupeco (or Yeupeko). Carlos Huerao Carril was arrested when a large number of carabineros and investigations police agents carried out a violent early morning raid in Lleupeco on Jan. 10. A shotgun and a pistol were found in Huerao's home; his wife said the weapons were licensed. Celestino Córdova was indicted on Jan. 11 on four charges, including "terrorist" homicide and arson. José Córdova was released on Jan. 12 after being charged with illegal possession of a firearm and ammunition; he was not charged under the antiterrorism law.
Violent incidents continued in Araucanía, despite tightened security and the presence of 400 carabineros. A shed with machinery inside was set on fire in the early morning of Jan. 5 at the commune of Freire, and two lumber trucks were burned in a separate incident the same morning in the Capitán Pastene sector; there were no injuries in either attack. Another fire was set in a storeroom and an uninhabited house in Padre las Casas on Jan. 8. On Jan. 10 three armed and masked men torched the house of the caretaker of the estate of business owner Joaquín Biwer Meller in Río Bueno municipality in the Los Ríos region, which is directly south of Araucanía; Mapuche activists had tried to occupy this estate in 2009.
Also on Jan. 10, a fire was set in a storeroom at the Trapilhue private school in the Maquehue sector of Araucanía, near Temuco, the regional capital. According to the police, there were no witnesses to the incident but graffiti were found supporting the Mapuche cause and opposing a new airport being built nearby. The school has 90 pupils, 87 of them Mapuches. The arson "constitutes a clumsy effort to link the Mapuche communities in resistance to criminal acts," unnamed local leaders told the Venezuela television network TeleSUR.
Chile's 700,000 Mapuches form the largest indigenous group in the country. Their lands, largely in the Araucanía, were taken over in 1883 by the government, which offered them to European settlers; the Luchsingers are descended from Swiss immigrants who arrived some 90 years ago. Since the 1990s Mapuche groups have been demanding the return of the lands they claim, which are now mostly under the control of large landowners and timber companies. Successive governments have responded to Mapuche activism with repression; as many as 13 Mapuche activists have died in the recent struggles over land.
During the past year the Piñera administration has created a development zone in the region which it says has benefited 1,000 families, members of 37 of the 42 Mapuche communities, but at the same time the government continues to apply repression, as in the current application of the Pinochet-era laws.
Mapuche leaders deny that their activists have links to outside forces. "The Mapuches don't need the FARC to sustain their legitimate struggle for the recovery of their territory," the werkén (spokesperson) Aucán Huilcamán of Consejo de Todas las Tierras (Council of All Lands) told reporters. "The government shouldn't insist on repressive measures; it should open up a solid, long-term dialogue." (La Jornada, Mexico, Jan. 5, from DPA, AFP, Jan. 6, from AFP, Jan. 8, from AFP, Notimex, DPA, Jan. 9 from DPA, AFP; Inter Press Service, Jan. 8, via Upside Down World; Fortín Mapocho, Chile, Jan. 8; EFE, Jan. 10, via Terra.com; TeleSUR, Jan. 11; MapuExpress, Chile, Jan. 11, Jan. 14; Werkén, Chile, Jan. 12)
On Jan. 11 a group of Mapuche researchers and academics published an open letter on the Luchsinger killings. "[D]eaths resulting from a conflict are always regrettable," they wrote, and "contribute to radicalization and polarization of the political and ideological positions and lead to the development of irrational acts." At the same time, the signers called for an understanding of "the historical background that underlies the contradictions and present conflicts. Violence is never an arbitrary phenomenon."
"We don't want the events in Vilcún to be a justification for the Chilean state to add new victims to the list of numerous Mapuches who already have been assassinated over the course of this long conflict." (Declaración pública de investigadores mapuche sobre acontecimientos recientes en La Araucanía, Jan. 11)
miércoles, 9 de enero de 2013
SE SOLICITA PRESENCIA DE PPM CAM HÉCTOR LLAITUL EN LA AUDIENCIA DONDE SE REVISARÁ LA REDUCCIÓN DE SU CONDENA POR ABONOS.
>> martes, 8 de enero de 2013
Este viernes 11
de enero a las 9:00 hrs, se realizará una audiencia en el Juzgado de
Garantía Cañete, en la que se busca reducir la condena del Preso
Político Mapuche CAM Héctor Llaitul, a través de que se abonen los
cuatro años de prisión preventiva por diversas causas y en las que fue
sobreseído. Recordar que esta audiencia estaba programada para el pasado
28 de diciembre.
El objetivo de
esta diligencia es que se puedan descontar estos cuatro años a la
condena actual de quince, además debemos consignar que la solicitud de
abonos es un derecho que ha sido otorgado en diversos casos a un sin
numero de presos comunes y también a varios ex presos políticos mapuche,
antes y ahora, por lo que esperamos que nuevamente los militantes de la
CAM no sean la excepción. Al mismo tiempo se ha solicitado, a través de
la defensa, la presencia de Héctor Llaitul en la comparecencia del día
viernes, considerándolo un derecho y fundamental para el desarrollo de
esta nueva batalla judicial.
Recordemos que
Héctor Llaitul se encuentra en huelga de hambre desde el 14 de
noviembre, junto a Ramón Llanquileo, y para el día de la comparecencia
estaría en su día 59.
Por Wichan
sábado, 25 de agosto de 2012
Colectivo Pozol: COMUNICADO DE LA 72, HOGAR – REFUGIO PARA PERSONAS...
Colectivo Pozol: COMUNICADO DE LA 72, HOGAR – REFUGIO PARA PERSONAS...: LA SANGRE MIGRANTE DERRAMADA EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS HACE DOS AÑOS, NOS CONVOCA “Un clamor se ha oído en San Fernando, Ta...
jueves, 23 de agosto de 2012
ELN se pronuncia en torno a conflicto en el Cauca #Colombia
de Alejandro Jiménez
CONFLICTO EN CAUCA, UNA OPORTUNIDAD PARA LA PAZ
La región del departamento del Cauca ha vivido inmersa en un conflicto social continuo, donde ha quedado demostrada la incapacidad del Estado para darle salidas justas, equitativas y humanas potenciando una región de grandeza, cimentada en la dignidad y el buen vivir, aspiración secular de las comunidades indígenas, afros, campesinas y pobres que se han constituido en sujeto activo.
Las conmociones allí, son el producido histórico de connotaciones desde los tiempos de la infamia colonial, donde son patéticas diferentes contradicciones entre los habitantes originarios, los traídos y los nacidos en esta región, con un poder desde arriba teñido de arbitrariedad despojo y muerte, producto de contradicciones entre explotados y explotadores, opresores y oprimidos.
Los de abajo tienen proyectos de libertad, autonomía y reconocimiento a la diversidad y han enfrentado un proyecto de minorías oligárquicas, que percibe la región como simple suministro de recursos naturales y mano de obra barata, en función de acumular para el crecimiento del capital, que menosprecia la gente del común en su condición de forjadora de vida y redención social.
Mientras desde el bloque del poder se juegan opiniones que esconden o minimizan graves problemas y contradicciones entre los desarrollos capitalistas y los proyectos sociales que se desarrollan en la región caucana desde distintas cosmovisiones, desde las trincheras insurgentes está fresco el duro exterminio a que fue sometida la población indígena y su posterior esclavización por los invasores españoles, quienes imponiendo su cultura, políticas e instituciones coloniales, a sangre y fuego, negaron de tajo toda la cosmovisión de vida cultivada por los pueblos indígenas, originarios de estos territorios.
No puede negarse la presencia de pueblos negros esclavos, traídos a estos territorios, después de ser secuestrados y arrancados de sus raíces africanas, sometidos brutalmente a otras condiciones de vida y privados de su libertad, expoliando su mano de obra, su cuerpo y espíritu, muriendo miles de ellos en las minas de oro, en una economía que trituraba indígenas y negros para beneficios de la colonia española.
Suerte parecida han corrido históricamente los campesinos, colonos, arrendatarios, habitantes urbanos asentados en las urbes producto del desplazamiento forzado, así como un amplio conglomerado social que ha unido sus fuerzas y voluntades en una resistencia indígena, negra y popular, enfrentando, una genocida conducta desde el poder, quienes con instrumentos criminales imponen su voluntad, agenciada en el marco de un Estado bárbaro de muerte contra el pueblo.
Esta resistencia del pueblo caucano, de múltiples colores raizales, ha forjado el movimiento popular caucano en un motor social reivindicatorio de vida, equidad y justicia, que ha centrado la bandera en la recuperación del territorio usurpado, las riquezas despojadas y la tierra colonizada por el capitalismo.
Sabemos con certeza que sin territorio no hay vida, ni posibilidad de recrear y mantener la identidad cultural, de realizar y practicar una manera de ser y sentir la vida en comunidad. Lucha ancestral por la vida que ha dado origen a instituciones populares, a crear pueblos y naciones indo-afro-americanas basadas en saberes, solidaridad, unidad y valores trenzados en la diversidad humana colectiva.
De todas estas resistencias activas, han surgido como es natural, los procesos y proyectos insurgentes guerrilleros como expresión de la radicalidad de la lucha popular que ha encontrado las puertas cerradas para hacer la lucha de otra manera. Movimientos insurgentes que no han nacido por la simple voluntad de los líderes populares que la han hecho posible sino como demanda auténtica para mantener viva la llama de la libertad y la emancipación social.
El proyecto capitalista neoliberal puesto en marcha actualmente, condensa políticas de más despojo territorial a los pueblos indígenas, negros y mestizos, estimula la recolonización del departamento del Cauca que es igual a mercantilizar la naturaleza, pasando de ser fuente de vida para millones de pobladores, a negocio privado para un puñado de transnacionales asociadas a los despojadores criollos, consorcios empresariales que han logrado obtener títulos mineros por más de un millón seiscientas mil hectáreas, cifra que constituye una burla a las aspiraciones de tierra, dignidad y vida del pueblo.
Esta realidad está en la raíz de la profundización del conflicto social y armado que recorre todo el cuerpo del territorio caucano.
Una pregunta salta a la vista, ¿porque el pueblo caucano, si de hablar de democracia se trata, no ha sido consultado para echar a andar un proyecto funesto, llamado desarrollo, pero que bien podríamos llamar, plan de destrucción social comunitario?
En lugar de consultas de diálogo y convocatorias a todo el tejido social popular, a todas las fuerzas vivas para pensar un plan de desarrollo que priorice la vida de todos en equidad y solidaridad, desde el poder oligárquico se establece un dispositivo de seguridad que militariza la sociedad caucana, su vida y todo el territorio, convirtiendo la región en la más militarizada de Colombia, con el único objetivo de brindar seguridad al capital inversionista.
Esa militarización que hacho rehén a la población, la somete al trato arbitrario, la estigmatiza con el remoquete de auxiliadora de la guerrilla y viola las normas del derecho Internacional Humanitario al instalar bases e infraestructura militar en medio de la población colocando como escudos humanos a una población no combatiente.
Si hay algo que ha fracasado en el Cauca, y en todo el país, es el tratamiento de guerra a una situación de injusticia social, que requiere de un tratamiento político.
La guerra que ha estallado en estos días con mucha fuerza en todo el Cauca tiene como protagonista al pueblo indígena, convertido en movimiento de resistencia contra la militarización y por la paz.
El ELN considera que esta grave crisis política y social que vive el Departamento del Cauca, debe convertirse en oportunidad para avanzar en un proyecto de paz para toda la región, en un camino de transformar la guerra en una solución política al conflicto social y armado; y que entre todos los sujetos y actores enfrentados, aunemos la voluntad política de paz, partiendo de reconocer que hay profundas diferencias en los intereses y proyectos de vida, pero también posibilidades de tejer una voluntad para construir una experiencia de paz que se pueda expandir a todo el país.
Que tal proceso esté basado en la democracia, la vida para todos y el reconocimiento a vivir en armonía con la naturaleza y por la construcción de una sociedad fundada en los derechos humanos.
Ningún camino para alcanzar la paz es fácil, pero transitándolo podemos avanzar hacia ella, partiendo de reconocer que todos podemos aportar a un futuro de cara a las exigencias de dignidad y de justicia social.
ES LA HORA DE DARLE UNA OPORTUNIDAD A LA PAZ.
* Editorial de la Revista Insurrección, Nº 330.
(Tomado de Cedema.org)
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA . 10/jul/12
El Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, perteneciente al ELN, se solidariza, denuncia e informa, a la opinión pública nacional e internacional:
1- El FGDRC se solidariza con las comunidades del Cauca y Catatumbo que están siendo atropelladas por los miembros de la Policía y el Ejército gubernamental viviendo una critica situación humanitaria y de seguridad por la practicas de control, represión y bombardeos indiscrinados que viene realizando la fuerza publica lesionando los derechos fundamentales de la población y produciendo grandes desplazamientos de población.
2- Expresamos nuestro sentimiento de solidaridad y afecto a los compañeros, perteneciente al FGDRC que fueron victimas de un ataque criminal y desproporcionado desarrollado por las fuerzas gubernamentales , mediante el bombardeo indiscriminado, el día 29 de mayo, masacrando seis compañeros y capturaron a una compañera pertenecientes a esta fuerza guerrillera.
3- Denunciamos que fuerzas estatales acantonadas en el municipio de Amalfi, cuyo coronel coordina actividades de inteligencia operativa con el jefe de inteligencia de la IV Brigada desde Medellín, junto al coronel del batallón Bomboná (municipio de Bagre) y el batallón Rifles(municipio de Caucasia), quienes están involucrando a la población civil en el conflicto social y armado, agenciando el desarrollo del paramilitarismo en la región; además, obliga mediante amenaza a la población campesina para infiltrar chips-geo-posicionadores en los campamentos guerrillero. Estos procederes del estado Colombiano de involucrar a la población en el conflicto mediante el agenciamiento y promoción del paramilitarismo, van en contravía al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
4. Convocamos a la Comunidad internacional, aprestar su solidaridad y acompañamiento a la población civil en las zonas de conflicto y a persistir mediante los mecanismos institucionales en abrirle caminos para humanizar el conflicto y construir confianza para la solución política negociada del conflicto armado.
5- En respuesta a la política criminal de guerra desarrollada por el Estado Colombiano contra la población y los territorios, el día 8 de julio, siendo las 8:45 am en el sitio Puente Roto, a 2 km de puerto Calavera vereda del Municipio de Segovia, fuerzas guerrilleras del FGDRC emboscaron una patrulla de la policía Nacional, que se transportaban en una camioneta.
Resultados:
-6 policías muertos, entre ellos un teniente.
-4 heridos
Material recuperado:
-6 fusiles M-16 A4
-55 proveedores llenos de munición para los mismos, mas 1.500 tiros 5.56
-1 pistola 9mm Sicsauer con dos proveedores, mas 22 tiros
-un visor diurno y otro nocturno
-4 minas antipersonales
-1 granada incendiaria
-un radio vhf de comunicación motorola con dos baterías
-Un teléfono celular satelital
-2 cintas para ametralladora 7.62 con 200 tiros
-2 GPS marca Garmin
-6 chalecos
-una brújula
-una cámara digital
-10 metros de cordón detonante.
Abundante material de intendencia e inteligencia.
Nuestras fuerzas sin novedad.
6. El FGDRC en cumplimiento de sus planes ha culminado de manera exitosa la "Escuela de Sub-Oficiales Integrales para la paz Comandante Yesenia", en homenaje a los compañeros caídos en combate y al compromiso, ejemplo y sacrificio de la mujer revolucionaria.
Colombia para los trabajadores,
Ni un paso atrás...Liberación o Muerte!!
Dirección de Frente de Guerra Dario Ramírez Castro
Montañas de la Serranía de San Lucas.
Julio 10 de 2012.
Consejo nacional indígena exige expulsar de Bolivia a transnacionales mineras
de 520 años de Resistencia Aborigen
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) se reunió en Cochabamba para evaluar los proyectos de ley que se alistan en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Exigen al presidente Evo Morales que su partido consensue con los indígenas estos textos a aprobarse en la ALP. Y que expulse a las empresas transnacionales que saquean los recursos naturales de Bolivia. Foto: archivo
Fuente: Bolpress
Las propuestas de normativas de Agua, Minería, Consulta y Madre Tierra fueron analizadas por representantes de los 16 suyus de la organización, quienes evidenciaron que el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) no toma en cuenta las propuestas de los pueblos indígenas al momento de elaborar leyes que les afectan. Exigen al presidente Evo Morales que su partido consensue con los indígenas estos textos a aprobarse en la ALP. Y que expulse a las empresas transnacionales que saquean los recursos naturales de Bolivia.
"Los recursos naturales que existen en nuestro territorio deben quedar para todos los bolivianos y bolivianas. Nosotros deberíamos sentarnos a dialogar con los mineros de Bolivia, para que sean nacionalizadas las minas y sean administradas sin contaminar a nuestros territorios. Queremos que se vayan las transnacionales, por eso luchamos los pueblos indígenas. Tiene que haber una verdadera nacionalización de nuestros recursos naturales, para que los administremos junto al Estado; y no dejárselos a las transnacionales, sean las que se dedican a la minería, al petróleo o a construir carreteras", dijo Félix Becerra, jiliri apu mallku del CONAMAQ.
Según esta organización indígena, las propuestas de ley hechas por el MAS se dirigen hacia la consolidación del modelo de desarrollo neoliberal, en vigor en casi todos los países del mundo. Incluso la propuesta de ley de Minería preparada por el oficialismo favorece los negocios del capitalismo aun más que la ley 1777, todavía en vigencia, elaborada en 1997, durante el primer mandato del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
"Hemos analizado profundamente qué se trabaja en los poderes Ejecutivo y Legislativo en cuanto a las leyes que deben complementar a la Constitución. Creemos que los derechos de los pueblos indígenas que están en la Constitución, en convenciones y declaraciones internacionales deben ser incluidos en todas las leyes o decretos", comentó el tata Jiliri.
"Cuando leíamos las propuestas de ley de la Madre Tierra, o la ley de Agua o la ley de Minería, veíamos que ninguno de sus artículos toman en cuenta a los pueblos indígenas. A estas propuestas de ley les falta integrar los derechos de los pueblos indígenas y naciones originarias. Sin embargo, en el Órgano Ejecutivo nos dicen que mañana o pasado pueden hacer aprobar estas leyes en la Asamblea. Pero nosotros dijimos que CONAMAQ no va a permitir que se aprueben estas leyes mañana o pasado. Acabamos de emitir una resolución y un pronunciamiento en el que exigimos al Gobierno que establezca consensos con los pueblos indígenas de Bolivia", agregó Becerra.
La propuesta de ley de la Madre Tierra, elaborada por el Gobierno y las organizaciones indígenas campesinas dos años atrás, fue ahora modificada sustancialmente en manos de algunos operadores del MAS. "El Gobierno nacional ya puso en el Parlamento la ley de Madre Tierra, pero con un título diferente al que hemos puesto en CONAMAQ cuando la presentamos –dijo tata Froilán Puma, arquiri apu mallku de esta organización-. Ahora, la ley de la Madre Tierra viene con un aditamento que nos sorprende leer: dice 'y de Desarrollo Integral'. En CONAMAQ nos ha sorprendido que modifique este proyecto de la noche a la mañana. La propuesta anterior ha sido trabajada con las cinco organizaciones de lo que fuera el Pacto de Unidad", que estaba integrado por CONAMAQ, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia 'Bartolina Sisa', la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia). Estas tres organizaciones son llamadas popularmente "las trillizas", porque en bloque obedecen a todas las disposiciones del presidente Morales. Por mandato del MAS rompieron relaciones con la CIDOB y el CONAMAQ, porque estas últimas critican a muchas políticas neoliberales ideadas y ejecutadas por el Gobierno nacional.
"Ahora aparece otra ley muy contradictoria con el proyecto anterior que hemos presentado. En CONAMAQ hemos tomado la decisión de no permitir al Parlamento ni al Presidente aprobar ni poner en vigencia la ley de la Madre Tierra modificada por el MAS. De la ley de la Madre Tierra anterior, elaborada por nosotros y el Gobierno, dependen todas las otras leyes. Para nosotros, la ley de la Madre Tierra es la segunda Constitución. De esta ley van a depender las leyes de Minería, de Agua, de recursos naturales", indicó tata Froilán.
En el CONAMAQ confían en que pueden presionar al Presidente para que finalmente respete los derechos de los pueblos indígenas. Consideran un triunfo el desenlace del conflicto de Mallku Kota, en el norte de Potosí, donde las bases de esta organización lograron expulsar a la transnacional minera Southamerican Silver. No obstante, en Cochabamba denunciaron que el Gobierno nacional continúa con la persecución a los comunarios que estuvieron involucrados en esta protesta.
"Estamos enviando a manos del Presidente los pronunciamientos que hemos sacado como CONAMAQ. Él los leerá y debería extender los plazos de aprobación de estas leyes para llegar a consensos con los pueblos indígenas. Si no lo hace, comenzaremos estrategias de movilización con otros sectores, en su momento", dijo el Jiliri Apu Mallku.
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